La falta de regulación o una normativa única en cuestiones tales como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) da lugar a que gobiernos y administraciones locales, de ámbito reducido, vean una oportunidad política para lograr réditos electorales a corto plazo, dificultando la aplicación o puesta en práctica de iniciativas necesarias para las organizaciones y sociedad.
El diario Expansión, en su edición de lunes 09 de julio, nos cuenta lo siguiente:
Se trata de nuevas «acreditaciones» que están reglamentando algunas comunidades autónomas, necesarias para que una empresa que opera sobre su territorio pueda empreder acciones de RSC. Un intrusismo de los gobiernos autonómicos a los organimos internacionles experimentados en estos temas y que dificultarán la gestión de las empresas si las 17 CCAA siguen esta absurda iniciativa y que además se solapará con medias similares del gobierno central.